Un conductor, positivo en anfetaminas y metanfetaminas, ha arrollado a 12 motos en el distrito barcelonés del Eixample, sin dejar ningún herido
El conductor de una furgoneta VTC ha embestido 12 motos aparcadas en el cruce de las calles Urgell y París, en el distrito barcelonés del Eixample, y ha sido denunciado por haber dado positivo en anfetaminas y metanfetaminas.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press han detallado que el siniestro no ha producido ningún herido, aunque se ha tenido que atender al conductor por un ataque de ansiedad.
La furgoneta circulaba por la calle Urgell, cuando un vehículo se ha detenido delante de ésta, y el conductor ha girado a la izquierda para esquivarlo. Al realizar esta maniobra, la furgoneta ha entrado en el carril bici y ha embestido las 12 motos -muchas de las cuales han acabado dañadas y en el suelo- y un semáforo de bicicletas.
La Guardia Urbana ha recibido el aviso sobre las 9:30 horas, y después ha denunciado al conductor de la furgoneta -de gama alta y de color negro- por dar positivo en anfetaminas y metanfetaminas.
La Comunidad modifica la normativa del sector para «mejorar su competitividad» tras las protestas contra las VTC.
Los taxis de la Comunidad de Madrid se podrán compartir con pago individualizado por plaza y habrá nuevas tarifas fijas con precio cerrado, como la del aeropuerto de 30 euros. Éstas son dos de las novedades del nuevo reglamento para el sector que ha sido aprobado este martes por el último Consejo de Gobierno presidido por Ángel Garrido antes de su dimisión este jueves.
Con la reforma de la normativa en vigor, el Ejecutivo autonómico quiere «mejorar la competitividad» de una actividad económica que en la región cuenta con 16.000 licencias, genera 1.000 millones de euros al año y de la que dependen alrededor de 100.000 personas. Aplazado hasta la próxima legislatura queda ya el debate sobre la regulación de las VTC -Uber y Cabify- por el que los taxistas mantuvieron una huelga indefinida de 16 días entre finales de enero y principios de febrero que concluyó sin ningún acuerdo concreto entre sindicatos y administraciones.
No obstante, el decreto aprobado este martes introduce «medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas», según ha precisado el portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, en rueda de prensa. Entre ellas, por ejemplo, está la de que los ayuntamientos podrán establecer «planes de amortización» de los permisos municipales para conducir este tipo de vehículos que permitan «garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad para los profesionales», evitando así su alquiler a plataformas especializadas por parte de un trabajador jubilado.
También se simplifican los requisitos exigidos para obtener las licencias del taxi «eliminando cargas burocráticas». A partir de ahora todos los vehículos tendrán que llevar a bordo obligatoriamente un datáfono para permitir el pago con tarjeta, una opción que ya ofrece la mayoría pero que se incorpora de forma expresa al reglamento del sector.
La nueva normativa, «teniendo en cuenta la cada vez más frecuente utilización de medios tecnológicos», establece la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan tarifas máximas que permitan ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar la carrera. De esta forma, podría replicarse el modelo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en estaciones de trenes y autobuses de la capital.
Asimismo, se introduce la posibilidad de que los servicios precontratados sean realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a compartir taxi. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos a aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea en la localidad en la que se ha concedido.
Uber, Cabify y el resto de firmas titulares o intermediarias de servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) están obligados a notificar todos los viajes que realicen a un registro ‘online’ del Ministerio de Fomento a partir del lunes, 1 de abril.
Con este registro, el Gobierno busca garantizar que las VTC cumple lo fijado en la ley, esto es, que sus coches se contratan previamente, que no recogen a pasajeros en la vía pública y que no realizan más del 20% de sus viajes fuera de la comunidad en la que tienen licencia. Este instrumento de control ‘online’ se pone finalmente en marcha algo más de un año después de que en diciembre de 2017 el anterior Gobierno aprobara su constitución mediante un Decreto Ley promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Con esta iniciativa se buscó habilitar un instrumento de control de la actividad de los VTC para contribuir a atajar el conflicto abierto desde hace unos años con el sector taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, en virtud del nuevo registro, a partir de mañana los titulares de licencias de VTC deben informar de cada viaje que realicen detallando el lugar y la fecha en que se contrata, y también del lugar, la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio, además de la matrícula del vehículo que lo realiza. También deberá especificarse el arrendatario del servicio, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como son las plataformas Uber y Cabify.
SE EMPEZARÁ A MULTAR EN DOS MESES.
Fomento impondrá la
correspondiente multa en el caso de que atisbe alguna irregularidad en esta
información. No obstante, esta potestad sancionadora no comenzará hasta el 1 de
junio, dado que se da un periodo transitorio de dos meses para garantizar que
el registro funciona correctamente, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.
Este registro constituye una
de las vías que el Gobierno central tiene para actuar en el ámbito de los VTC, según aseguró el actual
ministro de Fomento, José Luis Ábalos, toda vez que el pasado año, y también
por Decreto Ley, se habilitó a los gobiernos regionales a regular el sector en
sus territorios.
Así, el registro se pone en
marcha mientras que cinco comunidades (Cataluña, Aragón, Baleares, Valencia y
País Vasco) han hecho ya uso de estas competencias y han aprobando normas para
los VTC.
Todas ellas han optado por obligar a contratar uno de estos coches con una antelación mínima, para diferenciarlos así de los taxis. En el caso de Cataluña, esta medida llevó a Uber y Cabify a dejar de dar servicio en Barcelona, si bien esta última empresa ha vuelto a operar en la ciudad.
A cierre de febrero, en España se contabilizaban 13.556 coches de VTC, uno por cada cuatro taxis, frente a la proporción de uno por treinta que fija la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Madrid acapara casi la mitad, con 6.625 vehículos de este tipo, uno por cada dos taxis.
El sector del taxi denuncia que hay VTC de otras regiones prestando servicio en la capital sin licencia de la Comunidad
Madrid y Barcelona son el alfa y el omega en muchas cosas. Y el conflicto con los vehículos de arrendamiento con conductor no iba a ser menos. Mientras en la capital de España, la Comunidad de Madrid mantuvo el pulso al sector del taxi y su huelga de 16 días, la Generalitat «cedió al chantaje» del servicio público, según califican los representantes de Unauto, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor, y reguló el sector de las VTC con varias medidas que estos representantes consideran «anticonstitucionales».
De ahí que muchas empresas de transporte de Cataluña se planteen mudarse a Madrid en lo que Josep María Goñi, presidente de esta asociación en Cataluña, califica como un «desembarco». «Había 123 millones de euros de inversión en Cataluña previstos para 2019, si no se puede invertir aquí, habrá que hacerlo en Madrid», manifiesta Goñi.
El presidente de Unauto en Cataluña explica que la manera en que se plantea sería a través de licencias «en suspenso» o con la compra de otras. El problema es que ese desembarco en Madrid no se está produciendo siempre acorde a la legalidad y hay empresas que están operando en la capital con licencias de otras comunidades autónomas.
El sector del taxi ha formulado varias demandas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, contra una compañía de VTC que dispone de un gran número de vehículos con licencias de Cataluña y que están prestando servicio en territorio madrileño. Lo hacen, además, falsificando la pegatina que identifica la comunidad a la que pertenece la autorización.
Todas las licencias de VTC pueden realizar, según la legislación vigente, un 20% de sus servicios fuera de la comunidad autónoma de la que tengan la preceptiva licencia, mientras el 80% restante debe producirse dentro de su territorio. Un porcentaje que se debe cumplir trimestralmente.
No obstante, según fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, «es muy difícil controlar que esto se produce». Si se detectara, ni siquiera el Gobierno madrileño podría sancionar, sino que abre un expediente que se traslada a la comunidad autónoma a la que pertenezca el vehículo.
Un ejemplo es Cantabria. En la Comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla hay 183 autorizaciones según las cifras oficiales. Unos números que hacen «totalmente inviable el equilibrio oferta/demanda» en este territorio, manifiestan fuentes de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.
Estas mismas fuentes admiten que, de esas 183 licencias,apenas 50 prestan servicio en Cantabria aunque no les consta, «por escrito», donde prestan servicio el otro centenar largo. Otras fuentes no oficiales afirman que lo hacen en la capital de España.
REGISTRO ELECTRÓNICO
«Dentro de los asociados de Unauto nadie trabaja pirata en Madrid», asegura Eduardo Martín, presidente de esta asociación. Martín mantiene que ellos «son los primeros en denunciar cualquier situación irregular» y confían en que el Registro Electrónico de Fomento donde se recogerán de manera telemática los recorridos de cada vehículo -antes se hacía en papel y lo consignaba cada empresa- sirva para eliminar esa práctica.
No obstante, el sistema está aún muy verde y la introducción de los datos corresponde a la propia compañía, aunque se plantea la posibilidad de que este registro se conecte a las propias aplicaciones y se haga de manera automática. «Esto ayudará también a controlar a muchos vehículos privados que ofrecen servicios como VTC, especialmente en aeropuertos y estaciones», apunta Martín.
SANCIONES
El año pasado la Comunidad de Madrid sancionó a 3.081 vehículos de arrendamiento con conductor por anomalías en la normativa de transportes, un 26% menos que en 2017. No obstante, en las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en el mismo periodo se multó a 631 vehículos en apenas 826 controles (un 76%). De estas sanciones, la mayoría son por hacer espera en una calle sin tener contratado ningún servicio pero hay una veintena de ellas que se produjeron por llevar pegatinas de la Comunidad de Madrid falsificadas.
Precisamente, los taxistas han denunciado a este periódico anuncios en internet en páginas de compraventa de objetos donde se ofrecen pegatinas de VTC de la Comunidad de Madrid por un euro. «No tendría mucho sentido la falsificación», aseguran desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ya que al hacerlo se arriesgan a cometer un delito penal por falsificación de documento público, con penas en el Código Penal de entre seis meses y tres años de prisión, mientras que hacerlo sin distintivo, aunque de manera irregular, apenas supone una sanción administrativa de unos 400 euros.
PRÁCTICA HABITUAL
El gremio del taxi denuncia que es una práctica muy habitual y, de hecho, señalan lugares concretos dentro de la ciudad de Madrid donde saben que operan estas personas de manera ilegal. «Muchos trabajan en el aeropuerto pero, pregunta de dónde son las VTC que rondan el hotel en la entrada de la Avenida de América…», manifiestan desde el gremio. Según estas mismas fuentes, a los vehículos de arrendamiento con conductor que no llevan distintivo les paran mucho más para realizarles inspecciones así que optan por ponerlo.
Eduardo Martín responde que las denuncias que ha realizado el sector del taxi sobre este sentido, referidas particularmente a una empresa de Barcelona, son «un bulo», puesto que lo que ha hecho esta compañía es traer vehículos de sustitución por otros que tenía en Madrid «más viejos» ante la situación en Cataluña.
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