Un conductor, positivo en anfetaminas y metanfetaminas, ha arrollado a 12 motos en el distrito barcelonés del Eixample, sin dejar ningún herido

El conductor de una furgoneta VTC ha embestido 12 motos aparcadas en el cruce de las calles Urgell y París, en el distrito barcelonés del Eixample, y ha sido denunciado por haber dado positivo en anfetaminas y metanfetaminas.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han detallado que el siniestro no ha producido ningún herido, aunque se ha tenido que atender al conductor por un ataque de ansiedad.

La furgoneta circulaba por la calle Urgell, cuando un vehículo se ha detenido delante de ésta, y el conductor ha girado a la izquierda para esquivarlo. Al realizar esta maniobra, la furgoneta ha entrado en el carril bici y ha embestido las 12 motos -muchas de las cuales han acabado dañadas y en el suelo- y un semáforo de bicicletas.

La Guardia Urbana ha recibido el aviso sobre las 9:30 horas, y después ha denunciado al conductor de la furgoneta -de gama alta y de color negro- por dar positivo en anfetaminas y metanfetaminas.

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La Comunidad modifica la normativa del sector para «mejorar su competitividad» tras las protestas contra las VTC.

Los taxis de la Comunidad de Madrid se podrán compartir con pago individualizado por plaza y habrá nuevas tarifas fijas con precio cerrado, como la del aeropuerto de 30 euros. Éstas son dos de las novedades del nuevo reglamento para el sector que ha sido aprobado este martes por el último Consejo de Gobierno presidido por Ángel Garrido antes de su dimisión este jueves.

Con la reforma de la normativa en vigor, el Ejecutivo autonómico quiere «mejorar la competitividad» de una actividad económica que en la región cuenta con 16.000 licencias, genera 1.000 millones de euros al año y de la que dependen alrededor de 100.000 personas. Aplazado hasta la próxima legislatura queda ya el debate sobre la regulación de las VTC -Uber y Cabify- por el que los taxistas mantuvieron una huelga indefinida de 16 días entre finales de enero y principios de febrero que concluyó sin ningún acuerdo concreto entre sindicatos y administraciones.

No obstante, el decreto aprobado este martes introduce «medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas», según ha precisado el portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, en rueda de prensa. Entre ellas, por ejemplo, está la de que los ayuntamientos podrán establecer «planes de amortización» de los permisos municipales para conducir este tipo de vehículos que permitan «garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad para los profesionales», evitando así su alquiler a plataformas especializadas por parte de un trabajador jubilado.

También se simplifican los requisitos exigidos para obtener las licencias del taxi «eliminando cargas burocráticas». A partir de ahora todos los vehículos tendrán que llevar a bordo obligatoriamente un datáfono para permitir el pago con tarjeta, una opción que ya ofrece la mayoría pero que se incorpora de forma expresa al reglamento del sector.

La nueva normativa, «teniendo en cuenta la cada vez más frecuente utilización de medios tecnológicos», establece la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan tarifas máximas que permitan ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar la carrera. De esta forma, podría replicarse el modelo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en estaciones de trenes y autobuses de la capital.

Asimismo, se introduce la posibilidad de que los servicios precontratados sean realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a compartir taxi. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos a aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea en la localidad en la que se ha concedido.