El sector del taxi denuncia que hay VTC de otras regiones prestando servicio en la capital sin licencia de la Comunidad
Madrid y Barcelona son el alfa y el omega en muchas cosas. Y el conflicto con los vehículos de arrendamiento con conductor no iba a ser menos. Mientras en la capital de España, la Comunidad de Madrid mantuvo el pulso al sector del taxi y su huelga de 16 días, la Generalitat «cedió al chantaje» del servicio público, según califican los representantes de Unauto, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor, y reguló el sector de las VTC con varias medidas que estos representantes consideran «anticonstitucionales».
De ahí que muchas empresas de transporte de Cataluña se planteen mudarse a Madrid en lo que Josep María Goñi, presidente de esta asociación en Cataluña, califica como un «desembarco». «Había 123 millones de euros de inversión en Cataluña previstos para 2019, si no se puede invertir aquí, habrá que hacerlo en Madrid», manifiesta Goñi.
El presidente de Unauto en Cataluña explica que la manera en que se plantea sería a través de licencias «en suspenso» o con la compra de otras. El problema es que ese desembarco en Madrid no se está produciendo siempre acorde a la legalidad y hay empresas que están operando en la capital con licencias de otras comunidades autónomas.
El sector del taxi ha formulado varias demandas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, contra una compañía de VTC que dispone de un gran número de vehículos con licencias de Cataluña y que están prestando servicio en territorio madrileño. Lo hacen, además, falsificando la pegatina que identifica la comunidad a la que pertenece la autorización.
Todas las licencias de VTC pueden realizar, según la legislación vigente, un 20% de sus servicios fuera de la comunidad autónoma de la que tengan la preceptiva licencia, mientras el 80% restante debe producirse dentro de su territorio. Un porcentaje que se debe cumplir trimestralmente.
No obstante, según fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, «es muy difícil controlar que esto se produce». Si se detectara, ni siquiera el Gobierno madrileño podría sancionar, sino que abre un expediente que se traslada a la comunidad autónoma a la que pertenezca el vehículo.
Un ejemplo es Cantabria. En la Comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla hay 183 autorizaciones según las cifras oficiales. Unos números que hacen «totalmente inviable el equilibrio oferta/demanda» en este territorio, manifiestan fuentes de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.
Estas mismas fuentes admiten que, de esas 183 licencias,apenas 50 prestan servicio en Cantabria aunque no les consta, «por escrito», donde prestan servicio el otro centenar largo. Otras fuentes no oficiales afirman que lo hacen en la capital de España.
REGISTRO ELECTRÓNICO
«Dentro de los asociados de Unauto nadie trabaja pirata en Madrid», asegura Eduardo Martín, presidente de esta asociación. Martín mantiene que ellos «son los primeros en denunciar cualquier situación irregular» y confían en que el Registro Electrónico de Fomento donde se recogerán de manera telemática los recorridos de cada vehículo -antes se hacía en papel y lo consignaba cada empresa- sirva para eliminar esa práctica.
No obstante, el sistema está aún muy verde y la introducción de los datos corresponde a la propia compañía, aunque se plantea la posibilidad de que este registro se conecte a las propias aplicaciones y se haga de manera automática. «Esto ayudará también a controlar a muchos vehículos privados que ofrecen servicios como VTC, especialmente en aeropuertos y estaciones», apunta Martín.
SANCIONES
El año pasado la Comunidad de Madrid sancionó a 3.081 vehículos de arrendamiento con conductor por anomalías en la normativa de transportes, un 26% menos que en 2017. No obstante, en las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en el mismo periodo se multó a 631 vehículos en apenas 826 controles (un 76%). De estas sanciones, la mayoría son por hacer espera en una calle sin tener contratado ningún servicio pero hay una veintena de ellas que se produjeron por llevar pegatinas de la Comunidad de Madrid falsificadas.
Precisamente, los taxistas han denunciado a este periódico anuncios en internet en páginas de compraventa de objetos donde se ofrecen pegatinas de VTC de la Comunidad de Madrid por un euro. «No tendría mucho sentido la falsificación», aseguran desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ya que al hacerlo se arriesgan a cometer un delito penal por falsificación de documento público, con penas en el Código Penal de entre seis meses y tres años de prisión, mientras que hacerlo sin distintivo, aunque de manera irregular, apenas supone una sanción administrativa de unos 400 euros.
PRÁCTICA HABITUAL
El gremio del taxi denuncia que es una práctica muy habitual y, de hecho, señalan lugares concretos dentro de la ciudad de Madrid donde saben que operan estas personas de manera ilegal. «Muchos trabajan en el aeropuerto pero, pregunta de dónde son las VTC que rondan el hotel en la entrada de la Avenida de América…», manifiestan desde el gremio. Según estas mismas fuentes, a los vehículos de arrendamiento con conductor que no llevan distintivo les paran mucho más para realizarles inspecciones así que optan por ponerlo.
Eduardo Martín responde que las denuncias que ha realizado el sector del taxi sobre este sentido, referidas particularmente a una empresa de Barcelona, son «un bulo», puesto que lo que ha hecho esta compañía es traer vehículos de sustitución por otros que tenía en Madrid «más viejos» ante la situación en Cataluña.